Autor: Héctor Romero

Socio Fundador de Igual Consultores

El crecimiento vertiginoso de la población y los patrones de consumo generalizado demandan una serie de insumos que no se conciben sin la producción minera, en este sentido, cómo comunicar a la sociedad lo complejo y necesario de este tipo de actividades?

Al respecto, creo que hay tres vertientes muy importantes. La primera es difundir lo que es realmente esta industria; se necesitan ampliar los procesos comunicativos para que la gente comprenda que la minería no es sólo el tema de presas de jales, si se desbordan o no, o la extracción de los recursos naturales, por mencionar sólo algunos. Debe comprenderse de un modo muy profundo la necesidad que tenemos de esta industria, no hay forma de vida sin la minería, no se concibe ninguna civilización en el mundo que no requiera los insumos que produce esta actividad. Mientras no se logre transmitir lo anterior, la minería seguirá siendo vilipendiada y descalificada. Es un hecho que quienes están en contra de la minería son organizaciones no gubernamentales, empresas que sienten competencia desleal, también hay intereses políticos de por medio, todos estos actores saben armar discursos en contra de la minería y no me queda muy claro que de parte de este sector haya habido una respuesta clara, contundente, con datos duros y que llegue hasta las cabezas del gobierno federal.

La segunda vertiente que quiero destacar y debo ser muy enfático al hacerlo es el tema de la impunidad. Es decir, no pueden quedar sin sancionar, los movimientos sociales y políticos que se generan en contra de la minería basados en mentiras, en engaños y basados además en presiones sociales. Muchas empresas han sido boicoteadas a un grado terrible por organizaciones no gubernamentales, apoyadas incluso por gobiernos extranjeros. Cito el caso de una ONG que estuvo apoyada por todas las políticas migratorias del ex Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta organización le ha pegado muy fuerte a la minería, y el modo de operar es muy sencillo, se presentan en las mineras ofreciendo el servicio de relacionamiento comunitario y al no aceptarse, paran el proyecto en cuestión y comienza la protesta. Ese es el tipo de impunidad que no debería tolerarse de parte de las autoridades

La última vertiente, es que no se atiende la solución del conflicto. A qué me refiero?  Los procesos de negociación, no son sólo bilaterales, tienen que formarse con protocolos que evidentemente garanticen derechos humanos y en los que todos puedan participar y algo muy importante es que el proceso de negociación tiene que ser difundido. De nada sirve lograr una gran negociación con cualquier grupo social, o grupo de poder, etc., si no se da a conocer el éxito de dicha negociación.

Resumiendo, debe capacitarse en términos muy claros y simples sobre el significado de la industria minera; la interlocución para lograr procesos de negociación, claros, transparentes y asequibles a toda la población y la no impunidad. Me parece que son tres temas en los que debería trabajar el sector minero y para hacerlo se necesita mucho trabajo organizativo y no a nivel de cámaras, ya que no es un tema de las decisiones de las cúpulas empresariales, es un tema de involucramiento social en los procesos para difundir lo que es el sector, para exigirle al Estado no impunidad y para lograr decirle a la gente sí podemos negociar y ya entendimos todos cual es nuestro papel. A tal efecto, hemos propuesto en  varias ocasiones la necesidad de crear una Organización de la Sociedad Civil que trabaje a favor de la industria minera y realice acciones comunicativas, capacitaciones y apoyo legal en los temas necesarios. 

Considera que ha habido de parte de las empresas mineras cambios en sus valores sociales y expectativas públicas con respecto a su modo de operar? 

Indudablemente. A la par que han cambiado los procesos de producción, de prospección, extracción, beneficio, cierre de mina, y muchos más, con respecto a lo que se hacía hace algunas décadas, también ha cambiado el enfoque social y lo han tenido que hacer quizá al principio no de forma voluntaria, sino por la gran cantidad de señalamientos de que han sido objeto y los amparos interpuestos por los distintos actores involucrados. Sin embargo, debo insistir en el tema de la difusión ¿cuánta gente sabe lo que hacen estas mineras, cómo y por qué lo hacen? Doy un ejemplo de un proceder erróneo a mi juicio. Cuando las mineras tienen un problema la solución es invitar a algún funcionario (a) a conocer una mina y en un recorrido aproximado de 4 o 5 horas con comida incluida, pretenden que esta persona entienda y conozca una actividad tan compleja y especializada como lo es la minería y eso no es de algún modo suficiente. En este sentido, debo decir que los procesos deben de comunicarse de una manera que sea ágil y muy transparente, los mineros deben informar que existe la minería sustentable y deben también anunciar porqué es sustentable.

Por otro lado, es una realidad que hacerse sustentable no es barato; los precios de los metales fluctúan conforme el mercado se va moviendo, si el ciclo de precios es bajo, difícilmente se harán inversiones en dicho rubro. Y aunque esta situación afecta en gran medida a la pequeña y mediana minería, las grandes empresas tampoco se salvan ya que estas viven de deuda, es decir, el margen de deuda y su calificación dentro del mercado financiero para ser sujetas de un crédito va cambiando conforme invierten y van pagando la deuda y por supuesto todo depende del mercado, sus altibajos y las reacciones que tienen frente a circunstancias globales.

Y aunque el tema financiero es sin duda muy importante, la sustentabilidad en el sector es un proceso paulatino, en la medida de cumplir con mejorar las condiciones será la medida en la que podamos ver que un 100% de la industria minera en este país está teniendo grados de sustentabilidad. Ademas de los análisis en derechos humanos y la forma en que las empresas se vinculan con las comunidades de las cuales forman parte y tienen vecindad con ellas.

Comparativamente con otros países, tenemos en México una normatividad minera sobre impacto ambiental, acorde a lo que necesitamos como sociedad y lo que requiere el sector? 

La industria minera está extraordinariamente regulada; de hecho, se han realizado estudios a nivel mundial sobre el tema y es de llamar la atención saber que México es uno de los países que mayor cantidad de regulación minera tiene. El problema desde mi punto de vista no es el cumplimiento o incumplimiento, sino que tan eficaz es la norma para regular y que tan eficiente para lograr un cumplimiento al 100%, es decir, cuánto cuesta. Eficacia es del orden jurídico y eficiencia es del económico, entonces, una norma es eficaz si el sujeto al que está obligado a cumplirla cuenta con las condiciones necesarias para acatar dicha norma. Vaya un ejemplo, supongamos que la normatividad determine hacer un depósito de jales con la más alta tecnología que hay en el mercado; tal vez no haya problema para la gran minería, pero para un pequeño o mediano minero será muy difícil cumplir con dicha normatividad. Me explico, para dicho sector de la industria esa norma no sería eficaz desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico va a ser absolutamente ineficiente porque al final del día sale más barato incumplir la norma y pagar la multa correspondiente.

El problema en México es que la regulación se hace (no siempre, pero sí en muchos casos) sin un conocimiento previo de las condiciones socio ambientales, técnicas, científicas y tecnológicas que se requieren para crear una norma lo suficientemente eficaz.

Adicionalmente, de toda la vida, el Estado mexicano está muy acostumbrado a victimizar a una de las partes en los procesos. Existen casos de empresas mineras que, no obstante que no van a impactar negativamente a las comunidades indigenas en la zona, ademas de ofrecer programas de gestión social a favor de los indígenas, sin embargo, los proyectos mineros no “ven la luz” debido a una serie de patrones de conducta que terminaron en un interés económico muy fuerte, más allá del cumplimiento de la ley. Y finalmente, las inversiones sociales no se realizan; evidentemente quien pierde es México, la industria minera, la empresa y por supuesto, el pueblo indígena que terminó siendo manipulado por organizaciones y personas con intereses políticos. Como esos caso vemos muchos. Y encontramos que el líder o lidereza del movimiento contra minero utiliza el conflicto para tener reflectores y lanzarse a candidaturas políticas.

Mi conclusión es que si bien la regulación es suficiente en cantidad, en cuanto a la calidad habría que hacer reformas muy importantes porque a las personas se les olvida que los recursos minerales son propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos. Entonces, el estado tendría que tener preeminencia, sobre los derechos humanos y sobre los recursos minerales.

Está de acuerdo cuando se afirma que la mayoría de las normas están dirigidas al control de los efectos y no a la corrección de las causas?

En principio, me parece muy compleja la respuesta. Entramos a un tema de eficiencia y eficacia jurídica, sin mencionar las formas de creación del derecho en este país. En todo el mundo las normas se crean a posteriori, primero se genera el hecho humano y de las consecuencias se genera la norma. Simplemente en materia ambiental, habría que imaginar hechos científicos, que a la larga son hipótesis científicas que no están comprobadas y por ende, al querer regular se cometerían errores muy graves.

Sobre el tema habría que tener un buen debate sobre cuándo es el momento adecuado de regular la minería, si es a posteriori o es a priori.  

De parte de algunos organismos privados como Fundar, ha habido ciertos señalamientos sobre opacidad en el sector minero, desde la falta de acceso público a los contratos, concesiones y permisos concedidos por el gobierno federal y a los reportes sobre los daños al medio ambiente, qué opina al respecto?

De manera rotunda digo que eso no es verdad. El problema es aprender a preguntar e investigar. Uno de los grandes problemas que existe en el tema de la impunidad son asociaciones como Fundar, que basan sus argumentos en lo que ellos creen que debe de ser. México acaba de firmar un instrumento internacional de muchísimo peso y de enorme alcance, que es el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ESCAZÚ, como un instrumento más para el acceso a la información y el poder que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones que las autoridades vayan a tomar respecto a un asunto en específico. 

Por tanto, hoy México tiene herramientas y mecanismos necesarios para acceder a los procesos de información; toda la información que genera el gobierno es  pública, la excepción es que la cataloguen como reservada o confidencial, aunque también existe el acceso a la justicia para efectos de poder demandar porqué está catalogada de esa manera. Ejemplo de ello es la informacion que varias autoridades publican en sus páginas, recordemos el mapa que despliega las zonas mineras concesionadas, y los nombres de los propietarios, las áreas naturales protegidas, zonas indígenas, etc.

Ahora, lo único que puedo agregar es que al día de hoy no existe la misma calidad de información, es grave el rezago de información que actualmente tienen las autoridades, tenemos datos máximo hasta 2018 y en este sentido hace falta que la autoridad haga lo propio para sistematizar la información y ponerla a disposición del público.

De acuerdo al  Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR 2019), el Informe de Evaluación Intermedia  2019 en México indica que la calificación general del sector minero fue de 58 puntos sobre 100, lo que constituye una caída de tres puntos respecto a la calificación del país en el IGR 2017….. que significa lo anterior? es relevante para el sector?  Lo perjudica?

Es muy relevante para el sector si se considera que el concepto de gobernanza  es el concepto más amplio de ejercicio del poder, no sólo del Estado sino de los ciudadanos y de las partes involucradas en la gobernanza, como son la empresa, el gobierno, la sociedad, es decir, todos. No podemos hablar de gobernanza de los recursos naturales si no se implica a todos, es grave que se caiga la gobernanza porque quiere decir que no hay participación suficiente de todos los sectores, entonces, es natural que se desgobierne.

La consecuencia de la falta de Gobernanza Ambiental es que existen muchísimas más trabas por desconocimiento de las autoridades, van a ser más caras las inversiones en materia ambiental, en biodiversidad, en materia de compliance; el tema de la gobernanza sin duda repercutirá en el rubro económico.

Lo que me preocupa del sector es que yo lo veo un poco aislado, en la minería saben que son un sector muy importante y es cierto, pero también lo es que forma parte de una serie de procesos dentro de un país, y aunque hay cierta participación creo que no es la suficiente. Por dar un ejemplo, menciono el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos, este obliga a hacer un convenio con las personas que viven en el lugar (y si son indígenas más), que se les informe de los procesos que se realizarán, que se les partícipe de las ganancias del recurso genético que va a obtener. Es probable  que se piense que la minería no tiene nada que ver con Nagoya, sin embargo, recordemos que en el mismo lugar en el que se encuentra la biodiversidad, se encuentran los recursos genéticos y ahí mismo existe minería. Por ende, en los procesos industriales que conllevan temas socio ambiantales se deben lograr acuerdos entre todas las partes involucradas.

Respecto al Protocolo de Nagoya, la minería podría participar ampliamente elaborando programas y sub-programas de gestión social que impliquen el apoyo a las personas que tienen recursos genéticos en sus tierras, siembran, realizan prácticas de medicina tradicional y no han recibido apoyo alguno en capacitación, en representación y en facilidades para saber cómo acceden a los beneficios económicos derivados de la utilización de dichos recursos genéticos. Ese es un claro ejemplo de gobernanza de la Biodiversidad. Uno de los problemas que existe en el sector, es que éste atiende sólo el tema minero per se, e insisto, hay muchos temas que son transversales, que tendrían que considerarse en las tomas de decisiones de los más altos niveles en los corporativos mineros. Ese podría ser un primer diagnóstico, en cuánto tiempo y cuándo la minería se involucrará en temas que vayan mas allá del beneficio del mineral. Tomar la decisión de hacerlo si bien es responsabilidad de todos como sociedad, corresponde a la industria minera dar el primer paso.

Actualmente, se tienen detenidas dos iniciativas de la Ley General de Consulta. Por qué ha pasado tanto tiempo y aún no se cuenta con esta ley que es básica para el sector? 

Actualmente, se encuentra en el senado la Ley presentada por diversos diputados, la mayoría del partido en el poder, misma que ya fue aprobada en la Cámara, falta la apobación en el Senado y es ahí donde la participación del sector tendría que estar muy bien representado para negociar lo atinente, lo que nos toca como industria. Es fundamental, que la industria minera tenga certeza, se necesita conocer las reglas del juego, cómo se va a participar, quiénes van a participar. Hasta el 2021 no ha habido un solo proceso de consulta indígena minero, y sí se han realizado consultas indígenas de la industria energética o para infraestructura carretera por ejemplo. Entonces, no debemos entrar en un estado caótico de pánico, y poner las manos en la negociación como lo ha hecho la industria en muchas mas ocasiones.

La Consulta Indígena es un derecho humano que debe garantizar el Estado mexicano y por supuesto, corresponde al mismo llevarla a cabo. En este punto cabría preguntar por qué no se ha hecho ninguna consulta sobre los proyectos mineros. Por supuesto, habría que ser muy cuidadosos, porque si partimos del hecho que mencionaba líneas arriba sobre la victimización a ciertos polos sociales, existe el riesgo que el gobierno pretenda consultar, fuera de la ley, todos los proyectos industriales que se le presentan, convirtiendo el proceso de consultas a modo en un verdadero caos. La consulta a pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes debería realizarse hasta que se presenta el cambio de uso del suelo y/o la consiguiente manifestación de impacto ambiental para la explotación y beneficio, no podría ser antes porque no se ha generado un daño y además ya existe un vínculo de las personas que viven en las tierras donde se explora y se pretende explotar. 

En la mayoría de los casos las comunidades establecen relaciones contractuales y otorgan su consentimiento para que se realicen barrenos en sus predios. Es un tema económico, es decir, el hecho de que ya exista un vínculo relacional entre las partes mediante un instrumento jurídico, un contrato, un convenio de cualquier naturaleza, para la compra venta, arrendamiento, servidumbre de paso, etc. significa que hay un consentimiento, entonces no aplica, sería necesario consultar cuando ya se llegaron a acuerdos. En este caso lo más importante es cumplir con los acuerdos para que no existan conflictos posteriores, o por lo menos queden antecedentes positivos.

Por supuesto, la situación cambia si resulta que el predio donde se construirán los terreros, el depósito de jales o las presas de lixiviación por mencionar algunos, está a escasos metros de la población o es sitio de paso o peregrinación de un pueblo indígena; en este punto, es muy clara la importancia que reviste el tema de la consulta, que finalmente no es otra cosa que procesos de negociación para llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes.

Hoy en día México ocupa el segundo lugar en América Latina (después de Perú) en conflictos socio-ambientales que tienen que ver con minería y el tema de energía básicamente. Sin embargo, debo decir con toda honestidad que dichos conflictos están mas vinculados a la creación de argumentos, no importa si son falaces, si son mentirosos, se crean manipulaciones de masas para que las comunidades estén en contra de los procesos mineros y ahí es donde ha faltado la aplicación del estado de derecho. Sin ir más lejos, tenemos un caso en el norte del país, cierran la planta cervecera propiedad de Constellation Brands a pesar de contar con todos los permisos oficiales para operar. Definitivamente, la población no puede decidir si una empresa produce o no, porque no es materia de decisión de la sociedad, la prohibió el estado mexicano porque hizo una consulta inexistente legalmente hablando. Aquí el estado de derecho falla, es por lo que afirmo que los conflictos socio ambientales están enmarcados en un halo de formas de argumentar a favor, puede ser de los derechos humanos, del medio ambiente, etc. Desgraciadamente, México se encuentra preso en los argumentos ideológicos de unos cuantos, que reunidos conforman manadas de mentiras y falsas visiones.

Tengo un caso específico y muy interesante para ilustrar lo anterior. Habitantes de una comunidad se quejan de que una minera contamina un río cercano porque arroja residuos; después de realizar numerosos estudios técnico – científicos, se demostró que el río estaba contaminado porque la población lo ha utilizado como basurero, incluido descargas de aguas negras. Al final, la empresa minera ofrece un programa de gestión social para limpiar el río, el conflicto se soluciona y los tres o cuatro líderes que encabezaron la protesta terminan postulándose a cargos en el municipio.

La minería debe ser parte de la solución, no principio del problema y cuando se logre comprender, las cosas podrían cambiar, el sector debe abrirse a un mundo globalizado y a una sociedad cada vez más participativa. 

Dados los resultados de las pasadas elecciones y la integración de la nueva legislatura en la que no se contarán con los votos suficientes de ningún partido para impulsar reformas constitucionales, cómo impacta lo anterior al sector minero?

Indudablemente, nos viene muy bien que por la actual conformación de la cámara baja no puedan aprobarse las reformas propuestas desde el ejecutivo. Aquí, quiero ser muy puntual al señalar la trascendencia de todo este movimiento porque no se pueden hacer reformas al dedazo y con una pluma. La Constitución es lo único que puede salvar efectivamente a cualquier país, es el andamiaje más importante que se tiene porque dicta desde la forma de gobierno hasta los principios rectores que hacen a un país lo que es. El reconocimiento de los derechos de los gobernados ha significado la victoria de las batallas históricas mas cruentas que este país ha librado. Hoy México, es un Estado Constitucional de Derecho, aunque muchas autoridades no lo sepan..

Como es sabido, desde que se dieron a conocer esas reformas, específicamente la Ley de la Industria Eléctrica, de parte del sector minero se promovieron varios amparos porque esa Ley es absolutamente  inconstitucional y la corte se pronunció al respecto suspendiéndola de forma definitiva. Será muy complejo que llegue a feliz término una reforma constitucional, cuando no se tiene la mayoría calificada. Lo único que podemos esperar es que impere la justicia, la razón y el amor al país antes de los intereses políticos y las dádivas económicas.

Quien puede meter mano a la constitución tiene una responsabilidad brutal y tan es así que es necesaria la mayoría de los congresos de los estados para hacerlo. La buena noticia es que al día de hoy no se puede hacer ninguna reforma, aunque tampoco podemos echar fanfarrias por los resultados del proceso electoral ya que todo puede cambiar. Siempre hay intereses políticos en juego y una alianza de partidos podría conseguir en el futuro la mayoría que se necesita para las reformas. 

Lo anterior significa que en el sector minero hay mucho trabajo por hacer, se debe estar muy atentos a la operación legislativa día a día. En este sentido, me parece que tendría que haber una cabeza de sector que pudiese cabildear, el sector minero debe estar en los procesos de negociación para lograr regulaciones eficaces, leyes eficientes y aplicables a la industria, aunque por ahora desconozco si se está haciendo algo al respecto.

Finalmente, sólo quiero subrayar algo que me parece fundamental: Las empresas mineras tienen que invertir de manera urgente en la adopción de la cultura del compliance que ya es una realidad esta necesidad. Hoy en día los problemas más graves que tiene la industria son en su mayor parte socio ambientales. Las empresas del sector minero deben coadyuvar en la  garantía de los derechos de las comunidades aledañas a sus operaciones y al mismo tiempo, establecer una relación cercana con las autoridades en la materia y mostrar el cumplimiento que se está haciendo en la parte ambiental, de derechos humanos, de relacionamiento comunitario. Las empresas pueden mostrar y transparentar toda su operación sustentable en la que se ha trabajado desde hace ya algún tiempo. Es preciso que las autoridades se pronuncien al respecto, reconozcan los esfuerzos que son evidentes en cuanto a la buena manera de hacer minería, también en lo que respecta a lo amigables que son las nuevas tecnologías con el medio ambiente. Las mejores prácticas deben ser reconocidas  no sólo por el sector, sino por la sociedad en su conjunto.