Mesa Legal

Coordinador: Lic. Karina Rodríguez

En el Programa de la Mesa Legal se expuso el tema de la reforma judicial y su impacto en la industria minera, al respecto, el Lic. Raúl Mejía expuso con claridad la nueva dinámica que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las consecuencias que ésta puede tener para el sector minero. Sobre la Nueva dinámica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se expuso que ésta ha mostrado un giro hacia una justicia “cercana al pueblo”, caracterizada por la celebración de sesiones en territorio y audiencias públicas; una mayor apertura para la participación de amicus curiae, así como el uso de un lenguaje más accesible y reducción del formalismo procesal. El Lic. Mejía expuso que la actual SCJN presenta un enfoque que persigue legitimidad y visibilidad social, pero introduce cambios sustantivos en la forma en que se generan y comunican las resoluciones, hacia un mayor protagonismo mediático, audiencias públicas con amplia repercusión y decisiones que buscan resonancia social. Señaló que existen riesgos institucionales para la minería, tales como, el incremento de la subjetividad en los criterios judiciales; el debilitamiento del expediente técnico como “realidad legal” frente a consideraciones de impacto social; la tensión creciente entre la aplicación estricta de la ley y la búsqueda de soluciones consideradas “justas” por la opinión pública; así como el riesgo de que la Corte actúe más desde criterios políticos o de conveniencia social que desde la estricta técnica jurídica. Al respecto, se concluyó que la SCJN transita hacia un modelo más político y mediático, con criterios judiciales caracterizados por mayor variabilidad y pragmatismo. 

En este escenario, la industria minera debe anticipar múltiples esquemas regulatorios y judiciales y desarrollar una estrategia de interacción sofisticada que combine solidez técnica, claridad narrativa y capacidad de interlocución pública. Solo así podrá proteger sus intereses y contribuir a una resolución de conflictos que resulte sostenible y legítima frente a la sociedad. 

A su vez, los licenciados Federico Kunz, Rodrigo Sánchez Mejorada y Karina Rodríguez Matus, presentaron un panel denominado “Hacia una nueva Ley Minera: impactos de las reformas y desafíos para el futuro”, en el que analizaron la reforma a la Ley Minera del 8 de mayo de 2023, sus contradicciones y su creciente desvinculación de la realidad operativa de la industria. 

El Lic. Sánchez Mejorada centró su intervención en la exploración, el otorgamiento de concesiones, el acceso a terrenos superficiales y las nuevas restricciones y obligaciones impuestas por la reforma; subrayó la importancia de la exploración minera considerando que ésta es para la industria minera equivalente a la investigación y desarrollo de otras industrias. Sánchez Mejorada calificó el nuevo esquema de exploración como inviable, al desconocer la naturaleza misma de la actividad de exploración, y concluyó que la reducción de la exploración privada provocará, a mediano plazo, la disminución de la producción minera conforme se agoten las minas existentes.

Por su parte el Lic. Federico Kunz, expuso los temas de consulta indígena, el estudio de impacto social, las prohibiciones absolutas y las nuevas figuras de cancelación y sanción. Destacó el origen y fundamento internacional y constitucional de la consulta indígena, señalando que el Convenio OIT 169, era un tratado internacional del que México es parte, que obliga a consultar a los pueblos indígenas “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, con la finalidad de alcanzar acuerdos o lograr su consentimiento, señalando que en particular, el Convenio distingue entre la obligación de consultar y la regulación del consentimiento cuando se trata de bienes de la nación, como los minerales de propiedad estatal. Asimismo, criticó la falta de técnica jurídica en la regulación de las prohibiciones, por su carácter absoluto y general, sin evaluar caso por caso. Observó que la prohibición indiscriminada resulta irracional y señaló que el interés jurídico protegido debería ser el parámetro que limite las prohibiciones legales. 

Ambos ponentes coincidieron en que las disposiciones analizadas erosionan gravemente la seguridad jurídica. Se advirtió que la reforma desalienta la inversión en minería y que, a mediano plazo, México podría dejar de ser autosuficiente para satisfacer las necesidades de su industria si no se garantiza un marco normativo predecible y técnico. 

En tanto, la Lic. Karina Rodríguez Matus aportó una perspectiva centrada en la necesidad eventual de una nueva Ley, que por un lado responda a la historia legislativa del país reconociendo la realidad técnica, social y económica de la industria, y las demandas sociales actuales. Para la Lic. Rodríguez, la legislación no es un discurso abstracto: es el mapa que guía el desarrollo social y político, y por ello debe modernizarse para conciliar la gobernanza estatal de los recursos minerales con la protección ambiental, los derechos humanos y el desarrollo local. La Lic. Rodríguez defendió que la actualización normativa debe garantizar la rectoría del Estado sobre los recursos, promover un aprovechamiento sostenible de los minerales —eslabón clave de múltiples cadenas productivas— y equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social. 

La incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión y pone en riesgo la competitividad del sector; por ello, la reforma debe buscar certeza y seguridad jurídica sin sacrificar la protección de bienes jurídicos relevantes. La nueva ley debe entenderse dentro del sistema jurídico mexicano, en la cual existen múltiples disposiciones ambientales y laborales aplicables a la minería que pertenecen a otros órdenes normativos y autoridades. 

La conclusión de Karina Rodríguez es clara: si se necesita una nueva Ley Minera, que ésta regule con conocimiento técnico, que sea proporcional, flexible y basada en evidencia; que integre las demandas sociales e indígenas sin convertirse en un freno automático a la inversión; y que reafirme la rectoría del Estado mientras favorece la exploración privada responsable. Solo así se podrá fomentar la inversión sostenible que México requiere para mantener la autosuficiencia y la competitividad de su industria minera. 

Respecto a la sesión dedicada al cierre de minas, los licenciados Karla Castillo y Ricardo Esquivel, analizaron los nuevos requisitos introducidos por la reforma minera y ambiental de 2023 y advirtieron sobre la emergencia de riesgos de incertidumbre e inseguridad jurídica si no se aclaran disposiciones clave. Karla Castillo y Ricardo Esquivel coincidieron en que la reforma de 2023 reconoce la importancia de regular el cierre de minas, pero que su eficacia dependerá de la capacidad normativa e institucional para precisar criterios técnicos, diferenciar riesgos, garantizar proporcionalidad y ofrecer certeza jurídica. Sin estos elementos, los nuevos requisitos podrían profundizar la incertidumbre en lugar de prevenir pasivos ambientales y asegurar procesos de cierre responsables.

Por su parte el Lic. Héctor Herrera centró su intervención en la intersección entre agua, medio ambiente y derechos humanos, abordando cómo la regulación minera impacta la competitividad y el desarrollo industrial sustentable. Partió de una lectura constitucional que incorpora —según su análisis— el derecho humano a la competitividad y el derecho humano al desarrollo industrial sustentable, vinculándolos con la protección del medio ambiente y el acceso al agua. El Lic. Herrera sostuvo que, desde la Constitución, se garantizan no sólo los derechos ambientales y de salud, sino también derechos relacionados con la competitividad y el desarrollo productivo sostenible. En su opinión, diversas normas y cuerpos legales —entre ellos la Ley Minera, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN)—, en su actual formulación o aplicación, resultan violatorias de esos derechos humanos económicos y sociales, así como de principios constitucionales conexos. 

El Lic. Herrera propuso reorientar la regulación bajo criterios que permitan conciliar protección ambiental y competitividad industrial. 

Por otro lado, dentro del Programa de la mesa legal, se contó con la participación del señor Stuart Olley, socio de Gowling, quien expuso las novedades NI 43-101, siendo un tema de gran interés para los asistentes. 

Al final de la jornada, se realizaron dos paneles, uno denominado “Perspectivas sobre derechos humanos e impacto social en la minería mexicana”, en el cual actuó como moderador Alfonso Caso Aguilar, y reunión voces del sector privado —Guillermo Arredondo Ruiz (Grupo México), Ariadna Ortega (Cuimari) y Christopher Ávila (Grupo Peñoles)— para abordar temas relacionados con las crecientes exigencias legales y sociales en materia de derechos humanos y la necesidad de mantener la competitividad económica en la minería del siglo XXI, y otro denominado “Aspectos regulatorios en materia de impacto social”, el cual fue moderado por Fabián Casaubón Domenzain, participaron Enrique Rodríguez Del Bosque y el diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez. El diálogo analizó la evolución normativa sobre impacto social en la minería y propuso herramientas para su cumplimiento y vigilancia.

 Ambos paneles concluyeron que la incorporación efectiva de un enfoque de derechos humanos y un robusto componente social en la minería mexicana requiere no solo normas claras, sino también capacidad técnica, coordinación institucional y prácticas empresariales responsables.


FIFOMI, imparte Taller que marca la diferencia

Como parte de su participación en la XXXVI Convención Internacional de Minería, el
Fideicomiso de Fomento Minero impartió el 20 de noviembre un taller especializado que se convirtió en uno de los espacios más concurridos.

En el Taller se reunieron los principales actores del sector para analizar tendencias, fortalecer alianzas
y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la industria minera nacional. Se abordaron
tres temas fundamentales del acompañamiento que la institución brinda:

Financiamiento, diseñado para impulsar proyectos mineros con esquemas adaptados a las necesidades operativas de la industria.

Capacitación, orientada a fortalecer habilidades y conocimientos en temas clave para la competitividad y la seguridad.

Asistencia Técnica, que permite a empresas
acceder a diagnóstico, planeación y acompañamiento experto para mejorar sus procesos y elevar su productividad.

El taller no solo despertó gran interés por la
claridad de los contenidos, sino también por su enfoque práctico, que permitió a las y los participantes comprender cómo acceder a estos servicios y cómo el Fideicomiso de Fomento
Minero puede convertirse en un aliado estratégico para impulsar sus proyectos. De forma adicional,
el FIFOIMI reafirmó su liderazgo como la
Institución Financiera Especializada del Sector Minero en México y consolidó su papel como un socio estratégico para empresas y proyectos en todas las etapas de la cadena de valor.

Atención Personalizada

El Fideicomiso de Fomento Minero destacó
por su enfoque cercano y profesional, orientado a resolver necesidades reales. Durante el evento, se brindó atención en el stand a prospectos interesados en conocer más sobre las
alternativas de financiamiento y los servicios institucionales.

FIFOMI, la financiera de la minería
en México

La participación en la Convención Internacional de Minería 2025 dejó claro que el Fideicomiso de Fomento Minero es un aliado estratégico para quienes buscan impulsar proyectos sólidos. 

Su experiencia, alcance nacional y enfoque técnico-financiero lo consolidan como la institución más preparada para acompañar a la industria minera en sus retos actuales y futuros.

La invitación permanece abierta:

Acércate al Fideicomsio de Fomento Minero. Estamos listos para acompañarte, financiar tus metas, fortalecer tus capacidades y construir juntos un futuro próspero para la minería mexicana.


Minería sostenible para fortalecer a Norteamérica

• La minería mexicana es clave para las cadenas de valor del T-MEC y para la seguridad industrial, energética y tecnológica de Norteamérica.

• En 2024, generó una derrama económica de 259.4 mil millones de pesos y otorgó salarios 4.8 veces superiores a la línea de bienestar.

• La minería usa solo 0.27% del agua concesionada a nivel nacional y opera 100 plantas de tratamiento.

La Cámara Minera de México (Camimex) presentó el 20 de noviembre del 2025 su Informe de Sostenibilidad 2025 en el marco de la Convención Internacional de Minería, destacando el papel estratégico de México en la construcción de una Norteamérica más competitiva, resiliente y sostenible.

Durante la presentación, Camimex subrayó que la minería en México es esencial para las cadenas de valor del T-MEC, al ser uno de los principales productores de 22 minerales, incluidos 9 minerales críticos para la transición energética. Además, esta fortaleza convierte al sector minero en un actor clave del Plan México, al aportar recursos indispensables para la electromovilidad, tecnologías limpias y manufactura avanzada.

“El futuro de Norteamérica depende de su capacidad para desarrollar, procesar y refinar sus propios minerales de manera responsable. México tiene la posición, la experiencia y el compromiso para ser el corazón minero de la región”, afirmó Pedro Rivero, presidente de la Camimex: “Hoy demostramos que una minería sostenible no solo es posible, sino que ya está transformando a cientos de comunidades y fortaleciendo la integración regional”.

En materia ambiental, el sector reafirmó su liderazgo con indicadores sólidos: Solo 0.27% del agua concesionada a nivel nacional es utilizada por la minería; 71% del agua consumida corresponde a agua recirculada a través de circuitos cerrados y a aguas residuales. Adicionalmente, opera 100 plantas de tratamiento. Con relación a acciones contra el cambio climático, 41 unidades mineras generan y consumen energías limpias equivalente al 36% del consumo total de energía, con la meta de llegar al 44% en 2030.

Asimismo, Camimex reiteró la relevancia de fortalecer la iniciativa del gobierno federal de “Hecho en México”, destacando que cada avance tecnológico y energético comienza con un mineral responsablemente producido en el país.

La Cámara concluyó que, frente a la revisión del T-MEC en 2026, es fundamental reconocer a la minería como un sector estratégico para garantizar la seguridad industrial, energética y tecnológica
de México, Estados Unidos y Canadá. “La minería con propósito es una minería que transforma recursos en bienestar. Seguiremos impulsando
una industria moderna, segura y sostenible que honre el orgullo de ser un país minero y
contribuya a una Norteamérica más fuerte y competitiva”, finalizó Rivero.


Reunión del Lic. Fernando Aboitiz con Estudiantes de Ciencias de la Tierra

E

l viernes 21 de noviembre el Jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, Lic. Fernado Aboitiz, llevó a cabo un diálogo con estudiantes de Ciencias de la Tierra provenientes de diversos centros de educación superior del país, destacando la participación de alumnos del IPN, UNAM, Universidad de Nuevo León, Universidad de Hidalgo Universidad de Guanajuato, Universidad de San Luis Potosí, entre otras.

Durante el encuentro se abordaron las diferentes problemáticas que afectan a la educación en el sector como son la falta de equipamiento adecuado, falta de software, la reducción de prácticas en las unidades mineras entre otras. El Lic. Aboitiz conminó a los estudiantes a participar de una manera más activa para tomar parte en las decisiones relacionadas con los temas educativos y que les atañen de forma directa.

En su intervención, el Ing. Pedro Rivero, Presidente de Camimex señaló el gran potencial geológico que tiene el país. dijo que la parte académica es fundamental, ya que debe estudiarse a profundidad el génesis de los depósitos minerales (por ejemplo en el noroeste de México) que existen para tener un mejor conocimiento y explotarlos de forma adecuada.

Por su parte, el Maestro Rubén Del Pozo, Presidente de la AIMMGM, señaló que actualmente existe un problema muy serio en cuanto a los conocimientos que tienen los estudiantes; se han abierto un gran número de centros de educación que imparten las disciplinas de Ciencias de la Tierra y los egresados no logran obtener las prácticas de campo que se necesitan. Es decir, hoy en día la industria minera no tiene la capacidad de ofrecer las prácticas a los estudiantes de los últimos semestres o recién egresados.El Lic. Aboitiz subrayó la importancia de desarrollar el conocimiento para tener la capacidad de fortalecer a la industria minera y que esta actividad se convierta en la primer industria del país. 

Dando seguimiento a los trabajos de la instalación del Comité Educativo de Minería, Aboitiz instó a los estudiantes reunidos en el Encuentro a formar una Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Tierra a fin de gestionar ante los diferentes organismos las necesidades y propuestas del sector académico.


Mtra. Marisol Barragán, nueva Presidenta de mujeres WIM México

En el marco de la XXXVI Convención Internacional de Minería, el 20 de noviembre del 2025, la Maestra Marisol Barragán asumió la presidencia de WIM México, organismo que promueve la equidad para mujeres en la industria minera. La Toma de Protesta corrió a cargo de la Directora del Servicio Geológico Mexicano, Maestra Flor de María Harp Iturribarría, quien reconoció la relevancia de WIM en las actividades relacionadas con el sector minero del país.

La nueva directiva quedó conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE Marisol Barragán 
VICEPRESIDENTA María F. Romero 
SECRETARIA Violeta Anaya 
TESORERA Karla Paulina Aguirre 

Comisiones:

COMUNICACIÓN M. Esther Arzate
AFILIACIÓN Anjulli M. Martínez
GOBERNANZA Brenda E. Zamora 
CAPACITACIÓN Yesenia Sánchez 
RELACIONES INSTITUCIONALES Laurencia Flores