En el Programa de la Mesa Legal se expuso el tema de la reforma judicial y su impacto en la industria minera, al respecto, el Lic. Raúl Mejía expuso con claridad la nueva dinámica que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las consecuencias que ésta puede tener para el sector minero. Sobre la Nueva dinámica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se expuso que ésta ha mostrado un giro hacia una justicia “cercana al pueblo”, caracterizada por la celebración de sesiones en territorio y audiencias públicas; una mayor apertura para la participación de amicus curiae, así como el uso de un lenguaje más accesible y reducción del formalismo procesal. El Lic. Mejía expuso que la actual SCJN presenta un enfoque que persigue legitimidad y visibilidad social, pero introduce cambios sustantivos en la forma en que se generan y comunican las resoluciones, hacia un mayor protagonismo mediático, audiencias públicas con amplia repercusión y decisiones que buscan resonancia social. Señaló que existen riesgos institucionales para la minería, tales como, el incremento de la subjetividad en los criterios judiciales; el debilitamiento del expediente técnico como “realidad legal” frente a consideraciones de impacto social; la tensión creciente entre la aplicación estricta de la ley y la búsqueda de soluciones consideradas “justas” por la opinión pública; así como el riesgo de que la Corte actúe más desde criterios políticos o de conveniencia social que desde la estricta técnica jurídica. Al respecto, se concluyó que la SCJN transita hacia un modelo más político y mediático, con criterios judiciales caracterizados por mayor variabilidad y pragmatismo.
En este escenario, la industria minera debe anticipar múltiples esquemas regulatorios y judiciales y desarrollar una estrategia de interacción sofisticada que combine solidez técnica, claridad narrativa y capacidad de interlocución pública. Solo así podrá proteger sus intereses y contribuir a una resolución de conflictos que resulte sostenible y legítima frente a la sociedad.
Lic. Raúl Mejía
Lic. Rodrigo Sánchez
Lic. Federico Kunz
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A su vez, los licenciados Federico Kunz, Rodrigo Sánchez Mejorada y Karina Rodríguez Matus, presentaron un panel denominado “Hacia una nueva Ley Minera: impactos de las reformas y desafíos para el futuro”, en el que analizaron la reforma a la Ley Minera del 8 de mayo de 2023, sus contradicciones y su creciente desvinculación de la realidad operativa de la industria.
El Lic. Sánchez Mejorada centró su intervención en la exploración, el otorgamiento de concesiones, el acceso a terrenos superficiales y las nuevas restricciones y obligaciones impuestas por la reforma; subrayó la importancia de la exploración minera considerando que ésta es para la industria minera equivalente a la investigación y desarrollo de otras industrias. Sánchez Mejorada calificó el nuevo esquema de exploración como inviable, al desconocer la naturaleza misma de la actividad de exploración, y concluyó que la reducción de la exploración privada provocará, a mediano plazo, la disminución de la producción minera conforme se agoten las minas existentes.
Por su parte el Lic. Federico Kunz, expuso los temas de consulta indígena, el estudio de impacto social, las prohibiciones absolutas y las nuevas figuras de cancelación y sanción. Destacó el origen y fundamento internacional y constitucional de la consulta indígena, señalando que el Convenio OIT 169, era un tratado internacional del que México es parte, que obliga a consultar a los pueblos indígenas “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, con la finalidad de alcanzar acuerdos o lograr su consentimiento, señalando que en particular, el Convenio distingue entre la obligación de consultar y la regulación del consentimiento cuando se trata de bienes de la nación, como los minerales de propiedad estatal. Asimismo, criticó la falta de técnica jurídica en la regulación de las prohibiciones, por su carácter absoluto y general, sin evaluar caso por caso. Observó que la prohibición indiscriminada resulta irracional y señaló que el interés jurídico protegido debería ser el parámetro que limite las prohibiciones legales.
Lic. Karla Castillo
Lic. Héctor Herrera
Stuart Olly
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Ambos ponentes coincidieron en que las disposiciones analizadas erosionan gravemente la seguridad jurídica. Se advirtió que la reforma desalienta la inversión en minería y que, a mediano plazo, México podría dejar de ser autosuficiente para satisfacer las necesidades de su industria si no se garantiza un marco normativo predecible y técnico.
En tanto, la Lic. Karina Rodríguez Matus aportó una perspectiva centrada en la necesidad eventual de una nueva Ley, que por un lado responda a la historia legislativa del país reconociendo la realidad técnica, social y económica de la industria, y las demandas sociales actuales. Para la Lic. Rodríguez, la legislación no es un discurso abstracto: es el mapa que guía el desarrollo social y político, y por ello debe modernizarse para conciliar la gobernanza estatal de los recursos minerales con la protección ambiental, los derechos humanos y el desarrollo local. La Lic. Rodríguez defendió que la actualización normativa debe garantizar la rectoría del Estado sobre los recursos, promover un aprovechamiento sostenible de los minerales —eslabón clave de múltiples cadenas productivas— y equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social.
La incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión y pone en riesgo la competitividad del sector; por ello, la reforma debe buscar certeza y seguridad jurídica sin sacrificar la protección de bienes jurídicos relevantes. La nueva ley debe entenderse dentro del sistema jurídico mexicano, en la cual existen múltiples disposiciones ambientales y laborales aplicables a la minería que pertenecen a otros órdenes normativos y autoridades.
La conclusión de Karina Rodríguez es clara: si se necesita una nueva Ley Minera, que ésta regule con conocimiento técnico, que sea proporcional, flexible y basada en evidencia; que integre las demandas sociales e indígenas sin convertirse en un freno automático a la inversión; y que reafirme la rectoría del Estado mientras favorece la exploración privada responsable. Solo así se podrá fomentar la inversión sostenible que México requiere para mantener la autosuficiencia y la competitividad de su industria minera.
Respecto a la sesión dedicada al cierre de minas, los licenciados Karla Castillo y Ricardo Esquivel, analizaron los nuevos requisitos introducidos por la reforma minera y ambiental de 2023 y advirtieron sobre la emergencia de riesgos de incertidumbre e inseguridad jurídica si no se aclaran disposiciones clave. Karla Castillo y Ricardo Esquivel coincidieron en que la reforma de 2023 reconoce la importancia de regular el cierre de minas, pero que su eficacia dependerá de la capacidad normativa e institucional para precisar criterios técnicos, diferenciar riesgos, garantizar proporcionalidad y ofrecer certeza jurídica. Sin estos elementos, los nuevos requisitos podrían profundizar la incertidumbre en lugar de prevenir pasivos ambientales y asegurar procesos de cierre responsables.
Panel Perspectivas sobre derechos humanos e impacto social en la minería mexicana
Por su parte el Lic. Héctor Herrera centró su intervención en la intersección entre agua, medio ambiente y derechos humanos, abordando cómo la regulación minera impacta la competitividad y el desarrollo industrial sustentable. Partió de una lectura constitucional que incorpora —según su análisis— el derecho humano a la competitividad y el derecho humano al desarrollo industrial sustentable, vinculándolos con la protección del medio ambiente y el acceso al agua. El Lic. Herrera sostuvo que, desde la Constitución, se garantizan no sólo los derechos ambientales y de salud, sino también derechos relacionados con la competitividad y el desarrollo productivo sostenible. En su opinión, diversas normas y cuerpos legales —entre ellos la Ley Minera, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN)—, en su actual formulación o aplicación, resultan violatorias de esos derechos humanos económicos y sociales, así como de principios constitucionales conexos.
Panel Aspectos regulatorios en materia de impacto social
El Lic. Herrera propuso reorientar la regulación bajo criterios que permitan conciliar protección ambiental y competitividad industrial.
Por otro lado, dentro del Programa de la mesa legal, se contó con la participación del señor Stuart Olley, socio de Gowling, quien expuso las novedades NI 43-101, siendo un tema de gran interés para los asistentes.
Al final de la jornada, se realizaron dos paneles, uno denominado “Perspectivas sobre derechos humanos e impacto social en la minería mexicana”, en el cual actuó como moderador Alfonso Caso Aguilar, y reunión voces del sector privado —Guillermo Arredondo Ruiz (Grupo México), Ariadna Ortega (Cuimari) y Christopher Ávila (Grupo Peñoles)— para abordar temas relacionados con las crecientes exigencias legales y sociales en materia de derechos humanos y la necesidad de mantener la competitividad económica en la minería del siglo XXI, y otro denominado “Aspectos regulatorios en materia de impacto social”, el cual fue moderado por Fabián Casaubón Domenzain, participaron Enrique Rodríguez Del Bosque y el diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez. El diálogo analizó la evolución normativa sobre impacto social en la minería y propuso herramientas para su cumplimiento y vigilancia.
Ambos paneles concluyeron que la incorporación efectiva de un enfoque de derechos humanos y un robusto componente social en la minería mexicana requiere no solo normas claras, sino también capacidad técnica, coordinación institucional y prácticas empresariales responsables.
